Declaración de Mérida: Derechos Humanos, Diversidad Sexual y de Género en el mundo. Mérida, 29 de febrero y 1 de marzo de 2024.

Transcurridos cinco años desde la aprobación de la Declaración de Mérida, que aborda la necesidad de que las políticas de cooperación al desarrollo incluyan explícitamente en su agenda los derechos humanos de las personas LGBTI, se produce la necesidad de hacer análisis sobre lo hecho, reflexionar sobre cómo profundizar en este camino hacia la mayor libertad posible e igualdad legal de las personas LGBTI, en todo el mundo. 

Por esta razón se organiza el encuentro de trabajo bajo el nombre “Declaración de Mérida: Derechos Humanos, Diversidad Sexual y de Género en el mundo”, celebrado los días 29 de febrero y 1 de marzo de 2024 en Mérida, Extremadura. Para analizar esta cuestión en el marco de la Cooperación Internacional al Desarrollo, así como para profundizar sobre cómo avanzar en esta agenda a nivel internacional.

Se ha hecho trabajando en diferentes espacios con activistas internacionales de 11 países diferentes, y con representantes políticos de diferentes instituciones LGBTI y de Cooperación Internacional de España, la UE y el mundo.

Descarga de documentos generados en el Encuentro

Vídeo resúmen del encuentro (Actualizado)

Video resumen actualizado del encuentro Declaración de Mérida: Derechos Humanos, Diversidad Sexual y de Género en el mundo.

Galería del Encuentro

Alexander Pérez: “El vivir abiertamente LGBTI nos lleva a vivir en una periferia social”

Alexander Pérez Álvarez, Docente en la Universidad de Cartagena e Investigador de Caribe Afirmativo , durante su participación en el primer Encuentro de Mujeres Trans de Centroamérica sobre Seguridad y Protección «Mariposas de Colores».

Hace más de veinte años que Alexander Pérez Álvarez investiga la realidad de las personas LGBTI en Colombia y en la región de Centroamérica. En todos estos años, este trabajador social, docente de la universidad de Cartagena y director de investigación de la corporación Caribe Afirmativo, no ha parado de reportar y visibilizar las numerosas violaciones de derechos humanos y exclusiones que sufre el colectivo LGBTI.

Cuando nos encontramos en una terraza de un hotel de Tegucigalpa, Alexander está con los últimos preparativos de un encuentro de mujeres Trans de la región. Entre las cuestiones logísticas (los transportistas hondureños están de huelga desde hace varios días) y los temores sobre la seguridad de las mujeres que proceden de otros países – es decir, si podrán cruzar fronteras y viajar sin que se les moleste o sin que se les agreda por su identidad de género – la situación es algo tensa. El tono de la entrevista está planteado antes de comenzar.

Centroamérica es una de las regiones más difíciles y peligrosas en la que una persona LGBTI pueda vivir. La violencia y las violaciones de derechos humanos hacia el colectivo LGBTI suceden a diario. Solo en Colombia, 109 personas han sido asesinadas en 2018 por su orientación sexual o identidad de género, según Colombia Diversa, y de forma general, las personas LGBTI se ven excluidas de sus familias, de la sociedad, del mercado laboral y del acceso a la salud.

— Alexander, llevas años investigando la realidad de las personas LGBTI en Colombia. Cuéntanos, por favor, cuál el contexto colombiano y cuál es la situación en la que vive la mayoría de las personas LGBTI de tu país.

Colombia es un país que sigue constituyéndose bajo una perspectiva religiosa en sus discursos, con un fuerte arraigo patriarcal en muchas de sus prácticas cotidianas. Es un país que sigue siendo muy racializado. Es un país que sigue siendo clasista y es uno de los países más desiguales de América Latina. El vivir abiertamente LGBTI nos lleva a vivir en una periferia social. Hay expulsiones de la familia a tempranas edades y aparece una cadena de discriminaciones y de violencias que sistemáticamente llevan a la persona a unos espacios de extrema pobreza, de precariedad y de precarización de sus relaciones que, por supuesto, les pone en unas condiciones de mayor vulnerabilidad. También eso lleva a que muchos grupos armados o grupos bandas criminales utilicen esa vulnerabilidad e instrumentalicen sus cuerpos en acciones delictivas.

— ¿Qué perspectivas de vida y de futuro tiene una persona LGBTI en esas condiciones?

— El rebusque empieza a ser de alguna manera una condición de vida que se vive en el día a día. Eso genera una situación de no poder tener proyectos de futuro o sueños. Nosotrxs a veces en el trabajo de campo le preguntamos a las chicas Trans con qué sueñan. Muchas de ellas responden, y a mí eso me parecía muy triste y fuerte, que sueñan con poder regresar todas las noches vivas a su casa. Eso son sus sueños más inmediatos. No hay sueños a largo plazo porque se vive esperando a ver qué resulta. En muchos lugares del país las personas LGBTI viven esperando no tener que ser agredidas al salir a la calle porque hay muchos lugares donde a las personas LGBTI se les agrede en lo público.

— ¿Dentro del colectivo LGBTI, cuáles son las personas más vulnerables?

— Siguen siendo los hombres gays y las mujeres Trans las principales víctimas de homicidios en mi país. Esos crímenes responden a unos patrones similares, es decir que no son producto de una violencia social, sino que son la expresión clara de prejuicios sexuales: homicidios donde se recurre, todavía, al arma blanca, con objetos contundentes, con sevicia previa, tortura, extorsión y amenazas. Preocupa mucho la situación de las mujeres Trans en el espacio público, específicamente en los escenarios de trabajo sexual donde son absolutamente vulneradas y criminalizadas. El papel de las mujeres lesbianas y la violencia que sufren sigue estando muy oculto. Muchas veces es una violencia que se da en el ámbito privado. Parecería en el imaginario que las mujeres lesbianas no sufren violencia por su orientación sexual, pero lo que nosotrxs hemos encontrado desde Caribe Afirmativo es que es una violencia que no se denuncia y que el mismo estado a veces no le da la importancia que requiere porque no tiene, digamos, las rutas que posibiliten que las mujeres puedan acceder a estas denuncias.

— Pero al mismo tiempo Colombia es un país bastante progresista en la región al menos desde punto de vista de la jurisprudencia, ¿no es así?

— Digamos que la situación de los derechos de las personas LGBTI en Colombia es una situación muy compleja. Es bien interesante porque paradójicamente es un país que ha ganado muchísimo en sentencias de la corte y en un marco normativo de protección de derechos. Es decir, si uno mira la jurisprudencia colombiana, los marcos normativos de Colombia aludirían a un país de mucha avanzada. Pero ese marco normativo, que es muy importante, tiene una distancia enorme con prácticas sociales y culturales que siguen reproduciendo un estigma hacia las personas LGBTI. Tenemos una ley antidiscriminación en donde la discriminación específica de personas LGBTI es un delito sancionable. Ese no es el caso de otros países de la región donde el bullying callejero no es considerado un delito. También tenemos un reconocimiento supremamente importante a lo que es la familia, donde personas del mismo sexo no solamente son pareja, sino que son familias independientemente o no de que tengan hijos. Pero todos estos avances son producto de sentencias de la corte. Pueden llegar gobiernos de extrema derecha, como es el caso en el que hoy estamos, y son derechos conquistados que pueden verse tambaleando por presiones. Hay líderes activistas LGBTI que han sido amenazados, que sido hostigados, y algunos y algunas han sido asesinadas. Eso hoy es una de las grandes preocupaciones del movimiento LGBTI en Colombia.

— Colombia tiene una historia particular con decenas de conflictos armados. Estos conflictos han traído además un aumento significativo de la violencia hacia las personas LGBTI, en lo que en ocasiones se ha calificado como una «limpieza social», reportándose violaciones masivas de sus derechos humanos. ¿Podrías explicarnos esto con mayor profundidad?

— Tenemos una historia de un conflicto armado histórico que, para algunos historiadores, lleva más de 100 años, en donde ha habido una confrontación muy fuerte entre el estado y grupos fuera de la ley y donde la sociedad civil ha estado involucrada de manera reiterativa. Y esa sociedad civil, cuando tiene unas particularidades en el caso de la diversidad sexual y de género, obviamente empiezan a tener una carga adicional. Porque la diferencia está concebida como una amenaza al orden normativo. Es decir, el orden hegemónicamente heteronormativo hace que la diversidad sexual empiece a ser vista como una amenaza. Y eso ha llevado a que, en un país como Colombia, las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans hayan sido víctimas de manera particular y diferente de lo que ha sido el conflicto armado. En Colombia se ha asesinado a gente no sólo por estar en esos territorios, sino porque ha habido un prejuicio sexual que ha llevado a que estos grupos armados asesinen, amenacen y extorsionen a personas LGBTI. Simplemente por considerar que no daban buen ejemplo ante la sociedad y porque no enviaban un mensaje moralmente aceptable por lo que ellos plantean que es el orden establecido de la sociedad colombiana.

— ¿Y ahora con los acuerdos de paz?

— La gran preocupación es qué va a pasar con esos acuerdos de paz y qué va a pasar con esos acuerdos bajo nuestro nuevo gobierno de derecha. Es un gobierno que ha planteado unas claras diferencias frente a lo conquistado en los acuerdos de paz. Para nosotrxs es fundamental porque lo que hemos visto es que la firma del acuerdo de paz con las FARC no es un asunto instrumental solo con las FARC, es un asunto que empieza a vislumbrar la posibilidad de vivir en un país con mayores ejercicios de democracia, con mayor reconocimiento del otro en sus diversidades. Y eso se vio reflejado, después de los acuerdos de paz, en la disminución de homicidios a personas LGBT. Se vio reflejado en que muchas personas en sus municipios y en zonas apartadas del país decían «podemos empezar a caminar más tranquilos y más tranquilas en nuestros territorios». Yo creo que con la agenda de paz es fundamental velar por que el enfoque de género y la perspectiva de los LGBTI en esa implementación de la agenda no se borre por prejuicios y por el estigma social.

— ¿Mas allá de la problemática de la implementación de la agenda de paz, cuáles son las prioridades en la actualidad para el colectivo LGBTI en Colombia?

— Un punto fundamental y homogeneizante en la región, como ya decía antes, es la precariedad dentro del colectivo LGBTI: las condiciones laborales, el acceso a servicios básicos que ofrece el estado a personas LGBTI y el acceso a la educación de las personas Trans. Es muy difícil en un municipio del Caribe colombiano, por ejemplo, para una persona abiertamente LGBTI salir del trabajo informal. En un país donde se requiere el trabajo para poder sobrevivir ese rebusque empieza a ser de alguna manera una condición de vida, como decía antes. Creemos importante el trabajo con las familias también, porque indudablemente la familia, independientemente de las transformaciones que la sociedad haya tenido, ha seguido siendo un sistema que garantiza la protección de la persona. Cuando la familia es expulsora y violenta, eso va a repercutir en una cadena de violencias futuras para esa persona LGBTI.

— ¿Y cuál es el papel de la comunidad internacional y de la cooperación al desarrollo en todo eso?

— Yo creo que la comunidad internacional y la cooperación internacional tienen que tener una postura mucho más fuerte frente a la cantidad de homicidios a líderes sociales que se han producido en mi país y que el estado no quiere reconocer como parte de una persecución sistemática a líderes sociales que han venido denunciando o que han venido haciendo un ejercicio de derechos humanos en Colombia. Creo que la comunidad internacional en eso tiene que ser mucho más vehemente y exigirle al estado colombiano mayores garantías y mayores acciones para eso no se repita y que efectivamente asuma públicamente la responsabilidad de no haber garantizado la protección de los líderes sociales y específicamente de los líderes LGBTI. Creo que la comunidad internacional y las agencias de cooperación deberían trabajar para que los derechos conquistados no involucionen, que no volvamos atrás. Eso implica generar acciones de mayor empoderamiento y mayor movilización social y política. Se tiene también que incidir en agendas de decisión política en el país para tener mayor incidencia en políticas públicas. Mientras un país sea tan desigual en términos económicos y sociales es muy difícil. En esos casos, la asistencia social y humanitaria es un elemento fundamental a tener en cuenta.

David Valle Castillo: «El contexto del colectivo LGBTI en Honduras es totalmente violento porque desde 2009 se han producido 347 asesinatos de miembros colectivo»

David Valle Castillo, Gerente de Programas en Somos – CDC Honduras.

Ser defensor de derechos humanos en Honduras y, además, del colectivo LGBTI, es una vocación de alto riesgo. Algo que David Valle sabe demasiado bien. Hace dos años, el directivo del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC) fue víctima de un intento de asesinato del cual pudo salvarse in extremis. Hasta hoy, el crimen ha quedado impune, no ha sido resuelto, y junto a otros miembros de su organización, David sigue siendo víctima de una campaña sistemática de ataques públicos y físicos a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció medidas cautelares a favor de SOMOS CDC. 

Pero la situación en Honduras no solo es difícil para los miembros mas visibles del colectivo. El así llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) es una de las regiones más peligrosas en la cual pueda vivir una persona LGBTI. Entre asesinatos, agresiones, violaciones sexuales, detenciones ilegales y la discriminación en el área laboral, educativa y de la salud; las violaciones a los derechos humanos de los LGBTIs son sistemáticas y cotidianas. Una situación que se ha complicado aún más con la proliferación de las maras y pandillas, muchas veces violentamente homófobas. Desde el 2000 y una de las más grandes preocupaciones de David Valle estos días es la situación de los jóvenes gays en esos barrios tomados por pandillas.

— David, ¿podrías contarnos en qué contexto viven las personas LGBTI en Honduras?

— El contexto para el colectivo LGTBI en Honduras es bastante adverso. Es un contexto excluyente que no permite que haya o exista un desarrollo para las personas LGTBI. Es un contexto totalmente violento porque desde la fecha del 2009 para acá tenemos alrededor de 347 muertos del colectivo LGTBI. De esas 280 muertes, el 90 por ciento de los casos no han sido resueltos. Y es un contexto desigual porque no hay legislación a favor de nuestro colectivo. No hay una ley prohiba la discriminación por motivos de orientación sexual. Además, no hay respuesta del Estado ante la situación de violación de derechos humanos de nuestro colectivo. No hay respuesta del Estado para resolver los casos donde se ha asesinado a nuestros compañeros y compañeras. La iglesia, también, metida dentro del Estado, tiene mucho poder. Es más fácil en este país que vengan los fundamentalistas a legislar o que se lea la Biblia en las escuelas públicas que alguien promueva una ley, política o reforma de la Constitución de la República que prohíba la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Hay un dicho en nuestra sociedad: “Es mejor tener un ladrón o asesino que un homosexual”. En todas las familias, todos lo hemos escuchado. Entonces se puede ver desde ahí cómo se marca la desigualdad y el rechazo hacia el colectivo LGBTI. 

— El contexto de exclusión hace que muchas personas LGBTI vivan en extrema pobreza con ninguna otra alternativa que el trabajo sexual para sobrevivir. Eso les pone en situación de mucho peligro, ¿no es cierto? 

— Sí. El contexto hace que muchas personas LGBTI tengan que ejercer el trabajo sexual donde exponen su salud, donde sí se les paga más, no utilizan preservativo, etc. También, todas esas situaciones que se dan en la calle, en la noche, donde hay grupos organizados, como maras y padillas, tráfico de drogas,… hacen vulnerable al colectivo LGBTI. Corres peligro si estás trabajando en la calle y hay un tiroteo cerca. También, esas organizaciones de crimen organizado, las maras, venden drogas y te obligan a vender drogas o te obligan a prostituirte y que les des una parte del dinero y si no cumples, te matan. El nivel general de violencia en Honduras es muy preocupante.

— En el año 2000 comenzaron a proliferar las maras en Honduras. La capital económica, San Pedro Sula, se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo ¿Cómo ha afectado esa evolución a las personas LGBTI?

— La mayoría de las personas LGTBI vivimos en barrios y colonias y los barrios y colonias están siendo tomado por maras y pandillas. Si la mara o la pandilla es prejuiciosa, es homófoba, tienes que salir de esa colonia. Te están desplazando, tienes que abandonar tu casa y tu familia. Y si no la abandonas, te matan. Pero no puedes ir de un lugar violento a otro lugar violento, sino que tenemos que buscar otra opción y muchas veces la opción es salir del país. Sin embargo, salir del país muchas veces significa exponernos a otro tipo de violencia. En los lugares o en los barrios donde se le permite al colectivo LGTBI vivir se exponen a las violaciones.

— Tú estás particularmente preocupado por la situación de los jóvenes gays, ¿no es así?

— Sí. Ahora tenemos jóvenes de 13, 14, 15 años abiertamente gays, pero que viven en un contexto de pobreza que les hace muy vulnerables. Esta situación en que, por un lado, eres muy joven y, por otro lado, eres muy pobre, te expone al trabajo comercial del sexo. Pero todavía no tienes las herramientas para protegerte y para negociar y te expones a las violaciones sexuales. Hemos conocido casos donde los jóvenes están siendo abusados sexualmente por mareros… con pistola en la cabeza. Puedes imaginarte el nivel de,… no sé cómo llamarlo, terror, que debe sentir esa persona al estar siendo violado con una pistola en la cabeza. ¡Es horrible! ¿Qué pasa con estas personas, con estos jóvenes? No pueden denunciar porque el contexto de violencia en que viven, no les permite denunciar por el temor no solo por su persona, sino por su familia. Mi experiencia es que a esos niños no les importa tanto su integridad, sino que les importan sus hermanos, su mamá y su papá. Y porque los mareros los tienen amenazados de matar a sus familias, no denuncian. Lo que pasa también es que a veces son asesinados por los mismos mareros. Como hay un prejuicio en relación con la homosexualidad, el marero que tiene relaciones sexuales con otro hombre obviamente se expone a ser objeto de burla o quizás de otro tipo de cosas dentro de la mara y por eso terminan matando a estas personas con las cuales están teniendo relaciones sexuales. Entonces es un contexto muy muy difícil.

— Como ya comentaste antes, migrar, en muchas ocasiones, es el único recurso para las personas LGBTI, ¿no es así?

— En estos últimos años, particularmente en los últimos tres años, muchas personas de nuestro colectivo están buscando salir del país. Es lo único que nos queda para tratar de mejorar las condiciones de vida en las cuales vivimos. Pero muchas veces pasamos de un país violento a otro. Estamos en el Triángulo Norte que incluye Guatemala, Salvador, Honduras y, más arriba, México, que también es un país muy violento. Entonces, estamos transitando por esos tres países igual de violentos que Honduras, con prejuicios iguales y nos estamos exponiendo a que nos asesinen en el camino o a que nos capturen y nos hagan objetos de trabajo sexual. Mucha de nuestra gente que vive con VIH esta saliendo del país, a pesar de su condición, sin poder llevar su medicación o seguir su tratamiento, exponiéndose a la muerte. En este país el colectivo LGTBI no puede tener desarrollo.

— ¿Cuáles son tus expectativas con respecto al trabajo de cooperación al desarrollo y en qué tipo de proyectos habría que invertir?

— La cooperación, al menos aquí en Honduras, invierte más en instituciones del Estado que no funcionan y que no están trabajando a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI, pero que se están fortaleciendo con el dinero de la cooperación. El dinero hacia las organizaciones que realmente estamos trabajando por los derechos humanos se ha reducido progresivamente. Esa es una de las principales limitaciones. 

En SOMOS CDC, los proyectos que están funcionando bien son los proyectos relacionados con el tema del acceso a la justicia. Estamos trabajando con operadores de seguridad para mejorar las condiciones de vida de nuestro colectivo. Hemos abierto algunos espacios, por ejemplo, con la Dirección de Investigación Policial. Ellos han sido muy abiertos y tienen toda la voluntad del mundo para trabajar bien y estamos estableciendo iniciativas interesantes juntos. También estamos trabajando en el tema del empoderamiento económico. Nuestro colectivo necesita mejorar sus condiciones de trabajo.  Eso es uno de los pilares de nuestro trabajo. Tenemos ya empresarios que tienen sus pequeñas empresas o que han podido abrir un pequeño negocio, por ejemplo, un salón de belleza o una pequeña venta de servicios de fotocopias o servicios secretariales. El dinero que están ganado con esas empresas les está permitiendo cambiar su vida, y no solo la de ellos, también la de otros, de su pareja o de su misma familia, porque mucha de nuestra comunidad LGBT también son responsables de sus familias.

María Soledad Pazo: “Hay muchos pasos que dar todavía para disfrutar de una igualdad de hecho y de derecho”

María Soledad Pazo, Representante Residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, durante su participación en el primer Encuentro de Mujeres Trans de Centroamérica sobre Seguridad y Protección «Mariposas de Colores».

En los últimos 10 años Honduras ha sido el escenario de 325 asesinatos de miembros del colectivo LGBTI, de lo cuáles un 90% han quedado impunes, o al menos así lo denunció el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) en julio de este año. Una cifra aterradora que permite hacerse una idea de la situación de violencia con la cual convive el colectivo en el país. El así llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) es una de las regiones más peligrosa del mundo para las personas LGBTI. Estos asesinatos son tan solo la punta del iceberg de una vulneración a los derechos humanos sistemática y cotidiana – agresiones, violaciones sexuales, detenciones ilegales y amenazas – perpetrada muchas veces incluso por la familia y los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

El Alto Comisario para los Derechos Humanos (ACNUDH) cuenta con una oficina en el país desde el año 2015 para monitorizar la situación. La oficina hondureña está liderada por María Soledad Pazo, abogada argentina especializada en Derecho Internacional y concretamente en el campo de los derechos humanos. Trabaja desde hace casi 20 años para varias agencias de las Naciones Unidas en algunas de las regiones más difíciles del mundo, entre ellas, Kosovo, Afganistán e Iraq. Desde que llegó a Honduras en 2016, observa la situación del colectivo LGBTI en el país con particular atención.

— María Soledad, ¿podría contarnos en qué situación viven las personas LGBTI en Honduras?

Las violaciones que nosotros hemos documentado aquí, en Honduras, son producto de una violencia muy específica contra la comunidad LGBTI. Se trata de una discriminación muy profunda que deriva de una cultura patriarcal donde los géneros se manejan de acuerdo a estereotipos en los cuales el hombre es el dominante y la mujer la dominada. Ambos tienen ciertas tareas que tienen que ejecutar. Es una visión muy heteronormista que se ha venido alimentando también de corrientes religiosas muy fundamentalistas y eso ha contribuido a que la cultura de la tolerancia y de la inclusión sufra retrocesos.

— ¿Cómo se ve la situación actual de las personas LGBTI en Honduras desde el Alto Comisionado?

Nosotros seguimos muy de cerca el tema de la violencia en general pero también de la violencia en comunidades marginalizadas y vulnerables como es el caso del colectivo LGBTI. La violencia no es solamente el único problema que hay, sino también la discriminación en cuanto al acceso a derechos y el reconocimiento de la identidad sexual. Hay muchos pasos por dar todavía en ese sentido, para lograr una igualdad de hecho y de derecho y, por supuesto, las alianzas son sumamente importantes cuando se trata de empujar y presionar a los gobiernos para que cumplan y garanticen que dentro de la sociedad todos tengamos un lugar donde seamos incluidos, seamos respetados y no seamos discriminados.

— ¿Cuáles son las disposiciones legales a nivel internacional para garantizar los derechos humanos de personas LGBTI?

Hay que recordar que la no discriminación es un principio de los derechos humanos reconocido en la Declaración Universal y en todas las convenciones. Todas las convenciones que protegen derechos tienen una cláusula de no discriminación. Entonces, la no discriminación es un principio que afecta todos los derechos. Si bien no está, en estas convenciones, explícitamente reconocida la identidad de género y la orientación sexual, es indisputable y no se puede cuestionar el tema de la discriminación por orientación sexual y por identidad de género. Estas razones de discriminación son ilegales cómo lo es discriminar por razones de raza, por razones de propiedad, por razones de nacimiento o por razones de género y de sexo. Si bien no está escrito explícitamente, está reconocido por vía jurisprudencial qué la identidad de género y la orientación sexual son razones absolutamente ilegales para discriminar a cualquier ser humano.

— Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI siguen estando poco visibilizadas y no se priorizan en las políticas y en las acciones de muchos gobiernos. Muchos de los crímenes cometidos contra personas LGBTI también quedan impunes.

Claro. Hay tantos desafíos de derechos humanos en general que a veces el campo LGBTI se deja de lado. Yo creo que es importante no olvidar que incluso en la Agenda 2030, el eslogan es no dejar a nadie atrás. Creo que es importante apoyar estos colectivos para que su voz no quede atrás ni quede ignorada y es importante apuntalarlo en la lucha por los derechos.

¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en eso y como puede apoyar la lucha a los derechos humanos del colectivo LGBTI?

Yo creo que algo muy importante y que llama la atención de la comunidad internacional es realmente poner el foco sobre los casos. Hablo de la tarea de documentación, de monitorización y de informe público. Creo que tiene una voz muy potente. Es importante organizar a las comunidades para que documenten la discriminación que sufren. Es importante también empoderar a las comunidades para que ellas mismas puedan alcanzar soluciones. En ese sentido, es fundamental, creo, no solamente pensar en la comunidad internacional como la que va a solucionar el tema, sino involucrar a las comunidades en el diseño de las soluciones y los remedios para afrontar las discriminaciones. El tema no es solamente que haya una ley, porque lo que la ley diga no va a cambiar de por sí la realidad totalmente. Acá hay que cambiar sociedades. Entonces, no son situaciones que se cambian de un día para otro, sino que se trata de un trabajo que se va logrando poco a poco. Y por eso, es importante involucrar a la gente desde los niveles más elementales, integrar todas estas perspectivas de género en la educación, establecer alianzas, visibilizar y empoderar las comunidades para documentar e interactuar con nosotros y con otras organizaciones internacionales de derechos humanos para alcanzar la tolerancia, la aceptación y la inclusión de todos y todas.

Claudia Gallego, una joven en el camino de la Cooperación

Claudia Gallego en Guatapé, Colombia.

El pasado año de 2018 fui una de las 24 afortunadas beneficiarias de las becas formativas Berta Cáceres del programa Jóvenes Cooperantes Extremeñ@s. Este programa propuesto desde el Instituto de la Juventud de Extremadura junto a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID), apuesta por formar a jóvenes que ven en la cooperación un futuro profesional. A continuación, voy a contar un poquito de la gran experiencia que pude vivir.

El camino de la cooperación apareció en mi vida de forma inesperada. Terminando la universidad, y cada vez más metida en el activismo feminista, asistí a unas jornadas de Cooperación Internacional al Desarrollo motivada por comprender un poco mejor el mundo en el que vivimos. Empecé a formarme con pequeños cursos hasta el momento de comenzar la maestría y olvidar el tema por completo. Sin embargo, la Cooperación Internacional no tardó en aparecer en mi vida de nuevo: meses después recibí una llamada del programa Jóvenes Cooperantes y en menos de una semana estaba haciendo entrevistas y cogiendo un bus de camino a mi tierra natal, Extremadura, en donde empezaría a trabajar en esto de la Cooperación Internacional con la organización Fundación Triángulo.

Esta ONG ha liderado numerosos proyectos en la región de Extremadura, en otras regiones de España y también en otros países con los que mantiene redes de Cooperación Internacional, por la lucha y defensa de los Derechos Humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales; es por eso que supe que encajaría estupendamente en su proceso y que aportaría grandes claves para mi crecimiento profesional y personal.

A partir de ahí todo fueron nuevas experiencias. Comencé a formarme en Marco Lógico, en el marco legal de los Derechos Humanos de las personas LGBTI, en los principios de la Cooperación Internacional, los Planes Generales de la AEXCID… y por supuesto, puesta al día en el tema sobre el que desarrollaríamos nuestro trabajo en los próximos 8 meses: los grupos antiderechos y su discurso contra las personas LGBTI.

Resulta que el autobús tránsfobo de Hazte Oír que había estado recorriendo España durante varios meses en 2017 no era un hecho aislado ni una idea de unos cuantxs locxs. Al contrario, se trataría de una estrategia de difusión de grupos antiderechos o grupos fundamentalistas, organizados internacionalmente para luchar contra la garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la garantía de los Derechos Humanos de las personas LGBTI, y en contra de las políticas de género.

Como ya he dicho, estos grupos antiderechos están organizados internacionalmente mediante potentes y adineradas redes, transversalizando partidos políticos, grupos católicos, iglesias evangelistas, etc. Por ello, nos lanzamos a seguir su paso por dos países latinoamericanos: Perú y Colombia.

 

 

En el Perú, un país precioso con ecosistemas muy variados, una fuerte cultura ancestral y una exquisita gastronomía; aterrizamos en la nublada ciudad de Lima. Allí nos dio la bienvenida Promsex, una organización no gubernamental feminista que trabaja por la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

Como parte del equipo de Promsex, he podido estudiar cómo estos grupos antiderechos basan su discurso en la oposición a políticas educativas que buscan sensibilizar a la ciudadanía para evitar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como la búsqueda de la igualdad de género y contra el ejercicio estructural de violencia hacia la mujer. También hemos conocido de primera mano cómo se articulan y la fuerza que tienen en el país, llegando a judicializar el Currículo de Educación Escolar 2016 e incidiendo sobre este para evitar la incorporación del enfoque diferencial y de género.

 

 

Dos meses después, aterricé en el caribe colombiano: la ciudad de Barranquilla me acogió con su caluroso clima, su música y bailes latinos, su diversidad étnica y racial y, por supuesto, con una presencia constante de lo que significa su famoso carnaval que se celebra durante el mes de febrero, considerado uno de los mejores del mundo. Desde Barranquilla trabaja Caribe Afirmativo, una corporación cada vez más grande que apuesta por el reconocimiento de los derechos y el acceso a la justicia de las personas LGBTI en el contexto de postconflicto colombiano, tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el grupo terroristas las Farc-EP.

Los grupos antiderechos en el país, han incidido precisamente en el que era el primer acuerdo de paz que consideraba a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como causas por las que ser objeto de violencia. De esta forma, desde nuestro trabajo hemos estudiado como su discurso y trayectoria han ido orientados a deslegitimar el Acuerdo de Paz y conseguir hacer desaparecer del mismo al movimiento LGBTI y el reconocimiento de esta violencia focalizada.  

De vuelta a casa, me llevo tantas cosas… que no se por dónde empezar a explicarme.

 

 

Me llevo momentos únicos de lucha: desde gritar que “America Latina va a ser toda feminista” y que “queremos que el aborto no sea un privilegio de clase” el 8 de agosto frente a la embajada de Argentina en Lima hasta oír las experiencias de violencia que las personas LGBTI migrantes venezolanas enfrentan día a día en la región del Caribe, o escuchar atentamente las imaginativas estrategias para vivir el amor libre en un país donde tu vida está en peligro por ello, aprender de líderes y lideresas indígenas y cómo educar a la comunidad frente al colonialismo heteropatriarcal imperante.

Me llevo lo fácil y lo difícil de ser una persona migrante por elección: absorber culturas diferentes a la tuya, ver hermosos paisajes que parecen de revista, bailar champeta, salsa y ballenato hasta acabar agotada; echar de menos a tu familia y amigxs; reaprender de nuevo la historia, conociendo aquello que no te enseñan en la escuela.  

Curarse del racismo, de la xenofobia, de la homofobia, de la transfobia, del machismo, del paternalismo occidental y del eurocentrismo, que tan fácilmente reproducimos y tan difícil se nos hace deconstruir. Y sintiendo una enorme gratitud por haber podido vivir todas estas experiencias que, sin duda, debo a partes iguales a aquellxs que he encontrado en el camino y a lxs que me han querido y apoyado desde la distancia.

Así ha empezado mi camino hacia la Cooperación, convencida de aportar un granito de arena más a esta montaña que es el trabajo por la garantía de los Derechos Humanos en todo el mundo.

Mounir Baatour: “Hay que seguir con esta lucha. No vale rendirse, no hay otra opción”.

Mounir Baatour, presidente de Shams por la Despenalización de la Homosexualidad en Túnez

Mounir Baatour es abogado y presidente de ‘Shams. Por la Despenalización de la Homosexualidad en Túnez’, la primera asociación reconocida y legalizada que combate la homofobia en este país del Magreb (fue inscrita en 2015, un año después de la aprobación de la Constitución del 2014, la más avanzada del mundo árabe). Nos recibe en su despacho de abogados, situado en un barrio a las afueras de la capital tunecina y adornado con multitud de galardones y reconocimientos recibidos por su labor como activista. Baatour habla de la situación LGBTI en su país, enumera los diferentes problemas y denuncia una de las prácticas más aberrantes llevadas a cabo por las autoridades tunecinas: los test anales como prueba irrefutable de que un hombre ha mantenido relaciones sexuales con otro y de que merece por ello ir a la cárcel.

— ¿Cómo definiría la situación actual de la comunidad LGBTI en Túnez?

— Para la mayoría de la gente, la situación es catastrófica.

— ¿A cuántas personas han detenido en este último año?

— Todavía no tenemos estadística del 2018, pero podemos decir que en 2017 fueron más de 70. Actualmente, en la cárcel donde más gente hay encerrada son unas 60.

— La homosexualidad en Túnez se pena con hasta tres años de prisión por el artículo 230 del Código Penal. Cuéntanos algo de este texto.

— Fíjate, ese artículo es de 1913, de la colonización francesa. Tiene más de 100 años de vigencia. El problema es que de ese artículo derivan los test anales, una tortura en la que un médico te introduce los dedos en el ano para comprobar si has mantenido relaciones sexuales. Es un tipo de tortura, así lo entendemos las organizaciones y también las personas que lo han sufrido.

— Hay activistas que cuando se refieren a los test anales, hablan de tortura y también de violación…

— Claro, porque lo es. Ambas cosas.

— Túnez está siendo tierra de grandes cambios sociales desde la revolución del 2011. ¿Son las leyes concernientes a la homosexualidad la excepción a esta evolución?

— El problema es que no hay voluntad política para cambiar esta ley. La mayoría de los partidos políticos dicen que no es tiempo de hablar de este artículo. Después de la revolución hubo progresos en la libertad de expresión, se permitió la libertad de asociación… Pero lo cierto es que de los 217 parlamentarios, menos de cinco se han manifestado a favor de derogar este artículo.

— Y más allá de los políticos, ¿qué dice la sociedad civil? ¿Cuál es su percepción de esta persecución?

Creo que, además de esta ley, hay un gran machismo en la sociedad. Eso es un problema. Mucha gente no respeta estas opciones y las mira como si fuera cosa de Sodoma y Gomora…

— ¿Qué hace Shams para combatir la homofobia?

Tenemos una línea de teléfono dedicada a la comunidad LGBTI para que se pongan en contacto con nosotros todas las personas que sufren persecución. También hemos lanzado el primer número de nuestra revista y, por problemas de financiación, no hemos podido crear un observatorio o llevar a cabo otros proyectos. Necesitamos financiación, es el único factor donde encontramos algunos problemas. También hemos creado la radio, la primera del mundo árabe, para difundir un mensaje de tolerancia y respeto.

— Creo que es lo que más ha sonado a nivel internacional…

Sí… Pero está orientada a toda la sociedad. Queremos mostrar la normalidad a todo el mundo, a las familias tunecinas, a la sociedad en general. Llevamos a gente para que hable de homofobia, de la violencia que sufren las personas homosexuales en Túnez.

—¿Habéis tenido problemas?

— Sí, en los inicios sobre todo, que recibimos amenazas de muerte y algunas cartas diciendo que iban a prender fuego a nuestro cuartel general, a nuestro estudio. Recibimos casi 5.000 amenazas.

— No surtieron efecto…

— ¡Por supuesto que no! Tenemos que seguir con esta lucha, no vale rendirse aunque tengamos miedo. No hay otra opción.

— ¿Cómo ve el futuro? ¿Se imagina su país sin artículo 230 CP en un futuro?

— Bueno… No lo sé. Ojalá, para eso trabajamos, pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Mucho…

Túnez: Vivir lejos de los derechos y avances sociales

Micky durante la entrevista

Vivir lejos de la capital, el centro neurálgico del país y semillero de la revolución tunecina del 2011, puede suponer una dificultad extra para muchas personas. Un informe del Real Instituto Elcano del 2017 indica que Túnez fue el mayor exportador de yihadistas durante los años de mayor apogeo del ISIS (casi 5.500 combatientes), la gran mayoría procedentes de zonas rurales. La falta de medios en estos territorios ha recrudecido tanto en la últimos tiempos que en 2017 se batió el récord de tunecinos que migraron a Italia a través del Mediterráneo con casi 5.000 personas, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). En este contexto, la consecución de libertades plenas en pequeñas ciudades apartadas o pueblos más pequeños se antoja una empresa imposible.

Micky (nombre ficticio) lo sabe. Lo ha sufrido. Ahora, a sus 36 años, cuenta que procede de una zona rural, una pequeña ciudad por la que la revolución pasó a hurtadillas y con una marcada tradición religiosa de arraigo conservador. “Cuando descubrí que amaba a los hombres y no a las mujeres vivía en medio de ambiente muy conservador. Mi familia es muy religiosa, la gente en la calle… Yo me sentía como el único homosexual del mundo”, dice. Micky prefiere no revelar su verdadero nombre y que su rostro no sea revelado en ninguna fotografía. “Aunque no molestamos a nadie la ley nos prohíbe. Yo creo que todo el mundo debería tener derecho a ser libre, a controlar su propia vida, pero aquí no es posible”, afirma.

Dice Micky que es difícil ser homosexual en las ciudades más pequeñas y no sólo por la prohibición explícita del artículo 230 CP. Cuenta que en las calles, en los vecindarios o en las propias familias, la homofobia tiene raíces históricas que ahora resultan difícil de extirpar. El informe ‘Homofobia de Estado’, de la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) recoge términos parecidos. El texto, que cifra en 72 los países que criminalizan la homosexualidad y en 8 los que la castigan con pena de muerte, califica como “sumamente peligroso” la expresión de la diversidad sexual en los países del Magreb, Marruecos, Túnez, Libia y Egipto y alerta del aumento de la presión sobre las minorías sexuales en estas naciones por el “incremento de la influencia y el control del movimiento islámico”.

Hace unos años, Micky mudó su residencia: por motivos laborales dejó su pueblo natal atrás y se fue a vivir a Túnez, la ciudad que comparte nombre con la nación. Su vida cambió cuando compró un ordenador para su nuevo domicilio, lo conectó a internet y descubrió que en su país había más gente en su situación. “Hablé con muchas personas que tenían los mismos miedos y problemas que yo. Una de ellas me dio su número, le llamé y nos vimos. Fue la primera vez que quedé con un hombre”, recuerda. Aquella cita fue el inicio de su doble vida: una en público con los compañeros de trabajo, sus amigos de infancia o su familia; y otra en privado con su pareja y con una intimidad amenazada. “Tengo que hacerlo así; yo no muestro que soy gay salvo con otros gays. Mi gente nunca aceptarían la verdad”, afirma.

El testimonio de Micky resulta fácil de verificar. Ali Bousselmi, cofundador y director ejecutivo de Mawjoudin We Exist, uno de las asociaciones LGBTI más importantes del país, explica que algunas personas, cuando hacen pública su orientación sexual, tienen que abandonar sus estudios o dejar su empleo. De la misma forma se expresa Mounir Baatour, presidente de Shams, la decana de las asociaciones LGBTI en Túnez, quien denuncia que, actualmente, 70 hombres y mujeres LBGTI viven en cárceles tunecinas como consecuencia del artículo 230 CP. “Sinceramente, creo que hay un 90% de probabilidades de que te discriminen por ser gay en Túnez”, cuenta Micky.

Pese a todo, Micky entona un discurso alejado del pesimismo. Cree que, aunque demasiado lento, hay un proceso en marcha, sobre todo a raíz del 2011, y que la aceptación y la tolerancia crecen en su país aunque a un ritmo insuficiente. “Envidio un poco los derechos civiles que se dan en otras partes del mundo, aunque pasito a pasito vamos a igualarnos. El artículo 230 CP va a ser abolido y quizás, en unos años, los jóvenes puedan mostrar su sexualidad sin problemas”, finaliza.

“Podemos vivir en una burbuja y podemos ser felices, aunque sigue siendo una burbuja”.

Jouhlab posa tras la entrevista.

Jouhlab (nombre ficticio) dice que vive en una burbuja. Una burbuja amplia, ella incluye a todos sus amigos cercanos y también a su familia, pero, con todo, una burbuja. Cuenta que, a sus 26 años, ha conseguido llevar una vida feliz. Su familia ha aceptado que es lesbiana, algunos de sus amigos más cercanos comparten orientación sexual, y a los demás los describe como “de mentalidad abierta”. “Menos en el trabajo, que no digo nada a nadie, yo puedo comportarme normal en todos los lugares”, confirma.

Lo cierto es que todas las mujeres lesbianas de Túnez sufren una doble discriminación: por un lado, la que marca el artículo 230 del Código Penal, que pena la homosexualidad con hasta tres años de prisión. Por otro, la que supone ser mujer en una nación donde el islamismo más radical echó raíces en el pasado y que todavía no ha conseguido sacudirse del todo. Y eso que, en lo que concierne a los derechos de las mujeres, este país del Magreb ha conseguido avances significativos: las parlamentarias llegan casi al 30%, récord en el mundo árabe, y desde hace unos meses hay una mujer por vez primera al frente de la alcaldía de la capital, algo que no ha pasado todavía en ninguna nación de la misma zona geográfica.

Yamina Thabet, presidenta de la Asociación Tunecina de Apoyo a las Minorías y médica de profesión, lo tiene claro cuando es preguntada sobre esta cuestión. “No resulta extraño que detengan a una mujer solo por ir de la mano por la calle con otra mujer. De hecho, es relativamente común”, afirma. Y prosigue cuando habla de feminismo. “Aquí las mujeres sufren violencia cada hora, en las calles, en las casas… Todavía es difícil hablar sobre sexualidad desde una perspectiva científica. Los hombres y las mujeres se supone que tienen los mismos derechos, pero oficialmente ellas, por ejemplo, deben llegar virgen al matrimonio. Los hombres no”, confirma.

Jouhlab afirma no haber sido nunca víctima de violencia, pero recuerda algunas fases difíciles de su vida. “La primera vez que me enamoré de una mujer fue con 24 años. Me dije: ok, te gusta esta chica, acéptalo. Tuve algo de miedo al principio, no quería ir con ella a lugares públicos ni pasear por la calle, pero me sentía muy bien. Paso a paso me acostumbré. Dejó de importarme que me vieran con ella. No en todos los lados, pero en muchos sitios sí”, afirma. Jouhlab ha vivido y disfrutado los avances obtenidos tras la revolución y achaca a los medios de comunicación estos avances. “Las generaciones más jóvenes ahora tienen cada vez menos problemas en expresar, en edades más tempranas, su orientación sexual. En los medios ven que la homosexualidad está más aceptada y para ellos es más fácil hablar sobre ello, no sienten represión”, razona.

Como la mayoría de las personas de la comunidad LGBTI en Túnez, Jouhlab califica el artículo 230 del Código Penal de “vergüenza” y opina sobre el futuro de su país en este sentido. “El problema es que no estamos seguros de que vaya a desaparecer en los próximos años. Hay mucha gente que está a favor de este artículo y no sé cómo va a evolucionar esto en el futuro. No sé si va a ir a mejor o a peor. Algunas cosas hacen que sea optimista: hay bares en los que puedes ver a dos hombres besándose, por ejemplo, y es algo que era impensable tan solo unos años atrás. Hay organizaciones, como Shams, que organizan eventos y tienen muchísima repercusión. No podíamos ni soñarlo en el pasado. Pero cuando ves las declaraciones de los políticos… Yo me voy a ir de Túnez dentro de un año y la razón principal es que soy lesbiana. Hay otras razones también, pero no sé si dentro de 10 años podré ser feliz aquí. No estoy segura de lo que va a ser de mi futuro…”, explica.

Jouhlab señala lo tradicional de la sociedad y el arraigo religioso como factores fundamentales de represión y principales obstáculos en el futuro, algo que no es ajeno al resto de países del Magreb. El último informe ‘Homofobia de Estado’ de ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), que cifra en 72 los países que criminalizan la homosexualidad y en 8 los que la castigan con pena de muerte, recoge términos parecidos. El escrito califica como “sumamente peligroso” la expresión de la diversidad sexual en los países del Magreb Marruecos, Túnez, Libia y Egipto y alerta del aumento de la presión sobre las minorías sexuales en estas naciones por “el incremento de la influencia y el control del movimiento islámico”.

LGBTI en Túnez, el suspenso de una democracia naciente

Khalil y Abbas, pareja gay tunecina.

Asociaciones y activistas piden la despenalización de la homosexualidad y denuncian la práctica del test anal como prueba legal por parte de las autoridades.


“Bueno… Creo que ya se puede hablar en privado de la situación de las personas LGBTI aquí. Antes del 2011 era imposible, pero ahora hay asociaciones, salen cosas en la tele que incluso te hacen descubrir las opiniones de tus padres… Para mí, tu vida, si eres gay en Túnez, depende de la gente que conoces, de las personas que te rodean”. Khalil (nombre ficticio), un joven de 26 años, habla sentado alrededor de una mesa en la terraza de un conocido local de ocio del centro de Túnez, la ciudad capital del país homónimo. Lo hace junto a Abbas (nombre ficticio), su novio desde hace algo menos de dos años. Es viernes por la noche y Khalil y Abbas irán después a divertirse un rato. “Ya hay sitios donde podemos ir juntos, incluso a algún bar… pero hasta un cierto límite, claro”, explica.

Los límites de los que habla son los que impone la ley. En Túnez, la homosexualidad no está permitida. El artículo 230 del vigente Código Penal la prohíbe expresamente. “La sodomía, si no entra en ninguna (condena) de los casos incluidos en los artículos anteriores, será castigada con penas de hasta tres años de prisión”, reza el texto, residuo del antiguo Código Penal francés en el cual el legislador tunecino ha sustituido la práctica sodomía por homosexualidad para incluir también a las mujeres en la tipificación. Sus consecuencias: 79 personas arrestadas en 2017 y 60 actualmente en prisión según los datos de Shams, la asociación LGBTI más seguida del país.

La rigidez en la aplicación de esta ley choca con los avances jurídicos y sociales que ha experimentado Túnez en los últimos años, sobre todo a raíz de la aprobación de la nueva Constitución de 2014, la más avanzada del mundo árabe, que recoge libertades individuales y permite la creación de asociaciones. Por ejemplo, en 2017 nació en el país la primera Asociación de Ateos del Mundo Árabe, arropada por unas 400 personas. Ese mismo año el parlamento aprobó la abolición de una ley de 1973 que no permitía a las mujeres casarse con un hombre no musulmán. Las parlamentarias llegan casi al 30%, también récord en naciones musulmanas, y desde hace unos meses hay una mujer por vez primera al frente de la alcaldía de la capital. Pero, en lo concerniente a la homosexualidad, sigue vigente un artículo de una ley de principios del siglo XX que muchos tildan hoy de inconstitucional y que, como reconoció en 2015 el propio presidente tunecino Béji Caïd Essebsi durante una entrevista concedida a una televisión egipcia, no tiene visos de abolirse en un futuro cercano.

Khalil y Abbas se interrumpen, se ríen mientras charlan y discuten entre ellos los puntos en los que no encuentran acuerdo, pero todo sin ninguna muestra de cariño, ninguna caricia ni tampoco beso alguno que pueda delatarlos. El primero recuerda el bullying que sufrió en el colegio, cómo se esforzó durante los años de instituto en construir una nueva reputación, otra imagen basada en hablar con chicas y en tener amigos heterosexuales y cómo la Universidad le ayudó a conocer a gente nueva, más abierta, y a aceptar su homosexualidad. El segundo explica que empezó a sentir atracción física hacia otros chicos a los doce años y que, algún tiempo después, optó por ir al psiquiatra. “Yo no lo terminaba de admitir, pero él dijo que no me preocupara, que cuando cumpliera 20 años todo iba a ser ‘normal’”.

—“De mi familia, sólo mi hermana sabe que soy homosexual. Quizá mi madre lo sospeche, pero yo nunca le he dicho nada. De todas formas, creo que ellos no me repudiarían como hacen en otras casas”, afirma Khalil.

—“En la mía sólo lo sabe mi prima. Se lo dije hace algún tiempo. Pero, la verdad, creo que mi madre también”, replica Abbas. “Mira” —dice a modo de conclusión—, “ahora todo el mundo tiene acceso a internet. Hay mucha información. También las series europeas o estadounidenses ayudan a visibilizar la homosexualidad. Pero todavía queda… Me dan envidia otros países, esos en los que puedes ir de la mano de tu novio por la calle”.

La pareja apura sus bebidas antes de levantarse de las sillas y abandonar el local. “Yo nunca he pasado miedo por ser gay aquí. Hay gente, como nosotros, que puede llevar una vida cómoda si no muestra amor o cariño en público. Si las autoridades te ven actuar de una forma afeminada puedes tener también problemas. Pero depende de quién se encuentre a tu alrededor. Lo cierto es que, en Túnez, muchas personas están pasando ahora mismo por situaciones muy difíciles”, lamenta Khalil. Después se despide, se sube a su coche y se pierde en la oscuridad de las céntricas calles de la capital.

 

LA PRUEBA DEL TEST ANAL Y LA LUCHA CONTRA LA LEY

 

Khalil y Abbas posan frente a una proyección de la bandera LGBTI.

Mounir Baatour rebusca entre los ordenados papeles que descansan apilados en la mesa de su despacho adornado con una veintena de reconocimientos internacionales por su labor como activista. Tiene unos cincuenta años, un aspecto formal y despreocupado, y vive de su bufete de abogados en un barrio algo alejado del centro de Túnez. Baatour es el presidente de Shams, Por la Despenalización de la Homosexualidad, la primera asociación LGBTI tunecina que él mismo fundó tras pasar un tiempo en prisión. “La situación de la comunidad LGBTI aquí es catastrófica”, resume con rotundidad. Lo ilustra al mostrar los documentos que acaba de encontrar. “Mira; son dos test anales. Uno de ellos realizado el año pasado a un joven de 23 años”, afirma señalándolos. “Los hacen médicos, pero en realidad son torturadores. Estas pruebas son formas de violación: un doctor te introduce el dedo en el ano para saber, supuestamente, si has mantenido relaciones sexuales con otros hombres”.

Los test anales son otras de las consecuencias del artículo 230 CP y una de las prácticas más denunciadas por las asociaciones de Derechos Humanos de Túnez y por las ONGs allí asentadas. “Hablar de esta práctica es, obviamente, hablar de torturas. Cuando arrestan a una persona por su apariencia homosexual y le realizan un test anal, lo someten a un tipo de tortura y no a una prueba con alguna validez científica”, sentencia Yamina Thabet, médico, activista y presidenta de la Asociación Tunecina de Apoyo a las Minorías. “La persecución a las minorías sexuales en la ley es inconstitucional. Resulta inaceptable que pase esto porque lo único que se ha votado ha sido la Constitución y en ella se pidió libertad y privacidad”, sostiene.

Las palabras de Baatour no distan mucho de las de Yamina. “Nuestra principal meta es la abolición del artículo 230 CP y de los test anales, una tortura”, insiste, y se queja también de la incesante persecución a la comunidad homosexual en Túnez. “No hay voluntad política para revertir esta situación. Los partidos dicen que no es tiempo de abordar este tema. Sólo tres parlamentarios (de los 217 que componen el ejecutivo tunecino) se han manifestado a favor de la derogación del 230”. Shams ha promovido una petición internacional que ha conseguido más de 50.000 firmas, ha publicado el primer número de su revista y ha puesto en funcionamiento su gran proyecto: la primera radio de temática LGBTI del mundo árabe. Y por problemas de financiación tiene en el tintero otros como la creación de una aplicación móvil que sirva para comunicar a todas las personas LGBTI en el país. “Seguiremos con la lucha por los derechos civiles”, concluye.

Otras asociaciones han seguido el camino de Shams y ahora luchan por objetivos iguales. Es el caso de Mawojoudin We Exist, un colectivo fundado en el 2015 y que en enero de 2018 obtuvo notable difusión en medios internacionales cuando organizó la primera edición de su Festival de Cine Gay de Túnez, un evento al que asistieron unas 700 personas y en el que se proyectaron 13 películas. “Antes del 2011 el tema LGBTI era tabú. Y ahora mira… Las asociaciones nos movilizamos bastante. Pero todavía hay muchos problemas. Con las familias, por ejemplo. O también con los estudios o en el empleo. Algunos compañeros han tenido que dejar de estudiar o les han echado de sus trabajos cuando han hecho pública su orientación sexual”, explica Ali Bousselmi, cofundador de Mawjoudin y su actual director ejecutivo.

Bousselmi confirma también que uno de los principales ejes de actuación de Mawjoudin es la lucha por la abolición del artículo 230 CP, aunque entona un discurso más optimista que el de Baatour. “Creo que hay que ser realista. No puede decirse que no se haya visto una evolución social en estos años. Podemos organizar actividades en público, ha crecido la visibilización… Hay muchos problemas políticos pero, aunque queda un largo camino, el trabajo de varias asociaciones ha propiciado que se den grandes pasos”, reflexiona. Además de a Shams, Bousselmi se refiere a Damj o a Chouf, otras dos activas agrupaciones tunecinas de defensa de los derechos LGBTI.

 

VIVIR BAJO PRESIÓN

 

Los derechos humanos deben ser respetados, y la libertad en materia de identidad de género y orientación sexual son derechos humanos. En Túnez y el Magreb se violan de manera reiterada tanto a nivel ciudadano y social como desde el propio estado”, explica José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo, una ONG española que, financiada por la AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación), lleva a cabo programas para trabajar los avances de derechos LGBTI en el Magreb y en iberoamérica. “No cabe la defensa de unos valores culturales o religiosos como escudo o argumento”, resume. El último informe ‘Homofobia de Estado’ de ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), que cifra en 72 los países que criminalizan la homosexualidad y en 8 los que la castigan con pena de muerte, recoge términos parecidos. El escrito califica como “sumamente peligroso” la expresión de la diversidad sexual en los países del Magreb Marruecos, Túnez, Libia y Egipto y alerta del aumento de la presión sobre las minorías sexuales en estas naciones por “el incremento de la influencia y el control del movimiento islámico”.

 

Micky durante la entrevista.

Micky (nombre ficticio) también sabe de presión y de tener que esconderse. Tiene 36 años y no fue hasta hace cinco que compró su ordenador, se conectó a internet y descubrió que en Túnez había más gente en su situación. Cuenta que procede de una zona rural, una pequeña ciudad por la que la revolución pasó a hurtadillas y con una marcada tradición religiosa y conservadora. “Me sentía como el único homosexual del mundo. Ahora es como si llevara una doble vida. Con mi familia, en el trabajo o con mis amigos soy de una manera. En privado, de otra. Creo que ellos nunca lo aceptarían”, explica tranquilo después de pactar, como Khalil y Abbas habían hecho días antes, que su nombre real o las fotografías de su rostro no serían publicados tras la entrevista. “No molestamos a nadie, pero la ley nos prohíbe. Yo creo que todo el mundo debería tener derecho a ser libre, a controlar su propia vida”.

Yamina Thabet: “Las autoridades de Túnez violan la intimidad de las personas para comprobar su homosexualidad y con ello violan también nuestra Constitución”.

Yamina Thabet durante la entrevista

Yamina Thabet es la presidenta de la Asociación Tunecina de Apoyo a las Minorías. Médico de profesión, es una de las voces más autorizadas para hablar de la discriminación que sufre la comunidad LGBTI en Túnez y para denunciar la aberrante práctica de los test anales, “un examen que es un tipo de tortura y de la que, además, nadie ha podido comprobar su validez científica”. Su propuesta pasa por luchar contra el 230 CP amparándose en la Constitución, la única ley votada por todos los tunecinos y en la que se recogen libertades individuales y el respeto a la intimidad y a la privacidad.

— ¿Cómo ve la situación LGBTI en Túnez? ¿Qué ha cambiado desde la revolución?

— Llevamos siete años en que ya podemos discutir sobre situaciones LGBTI en Túnez. Siete  años, desde la aprobación de la Constitución, en los que hemos luchado por la identidad de las minorías sexuales. Para ser claros, en Túnez, por el artículo  230 CP, está prohibido ser homosexual, y eso es algo inconstitucional. Nuestra nueva constitución, la del 2014, recoge que todas las personas deben ser protegidas y respetadas en su intimidad. Las autoridades violan la intimidad de las personas para saber si alguien es homosexual, por lo tanto también violan la Constitución.

— ¿Se refiere a los test anales?

— Claro, es un tipo de tortura. Aquí se produce una hipocresía en nuestra sociedad: decimos que estamos luchando contra la tortura y nuestro gobierno apoya los test anales. En ocasiones, chavales jóvenes han sido detenidos en la calle sólo por parecer homosexuales. ¿Quién sabe cuál es su concepto de ser homosexual? Tal vez los que les parezcan a ellos afeminados…

— Los test anales los hacen médicos profesionales

— Pero va contra los principios de la medicina: no se puede hacer nada si no va a favor de la salud de alguien, por su beneficio. Lo más importante es no hacer daño al paciente. Además no está científicamente comprobado que estos test tengan validez alguna. Las víctimas son víctimas olvidadas; la gente no habla de ellos porque la sexualidad en Túnez, en general, es tabú.

— ¿Para toda la sociedad?

— Estamos, la sociedad en general, haciendo progresos, pero creo que no es suficiente. Personalmente, creo que con esta ley es muy difícil combatir la homofobia en Túnez. Necesitamos que mujeres y hombres, lesbianas y homosexuales, hablen libremente sobre homofobia y persecución, pero ¿cómo pueden hacerlo si tienen miedo de ser arrestados e ir a la cárcel? Es muy complicado. Ten en cuenta que lo ilegal no son sus opiniones, sino ellos. Son gente ilegal y no es algo que venga de fuera, sino de dentro.

— ¿Por qué?

— Muchos políticos dicen que no pueden tocar esta ley porque los tunecinos no la aceptarían. Pero realmente en lo único que se votó, la Constitución, la gente se expresó de otra manera: dijeron que sí a las libertades individuales, al respeto a la intimidad y a la vida privada.

¿Cómo se lucha contra este artículo y contra toda la persecución de la que habla?

— Nuestra asociación cree en los medios legales, en cambiar la ley. Tenemos que discutir las leyes que apoyen cualquier forma de discriminación, ser abiertos de mente. También apoyamos la creación de un Tribunal Constitucional. Tenemos una buena Constitución, pero muchas veces parece que no podemos ampararnos en ella. Pero, repito, lo primero es cambiar la ley, abolir el 230 CP.

— En España se está experimentado un repunte en las enfermedades de transmisión sexual en la población LGBTI, ¿puede hablarme de la situación en Túnez?

— Bueno, es un hecho que si no se habla de homosexualidad, si no hay un debate en torno a ello, es más difícil combatir estas enfermedades, su transmisión y sus efectos. No tengo datos exactos, pero sí es un problema que hay que combatir.

— ¿Cómo ve el futuro de su país?

— Creo que se están dando pasos importantes, pero todavía insuficientes en materia de igualdad, de homofobia o de respeto a las minorías. Aunque hay que ser optimista…