Alexander Pérez Álvarez, Docente en la Universidad de Cartagena e Investigador de Caribe Afirmativo , durante su participación en el primer Encuentro de Mujeres Trans de Centroamérica sobre Seguridad y Protección «Mariposas de Colores».
Hace más de veinte años que Alexander Pérez Álvarez investiga la realidad de las personas LGBTI en Colombia y en la región de Centroamérica. En todos estos años, este trabajador social, docente de la universidad de Cartagena y director de investigación de la corporación Caribe Afirmativo, no ha parado de reportar y visibilizar las numerosas violaciones de derechos humanos y exclusiones que sufre el colectivo LGBTI.
Cuando nos encontramos en una terraza de un hotel de Tegucigalpa, Alexander está con los últimos preparativos de un encuentro de mujeres Trans de la región. Entre las cuestiones logísticas (los transportistas hondureños están de huelga desde hace varios días) y los temores sobre la seguridad de las mujeres que proceden de otros países – es decir, si podrán cruzar fronteras y viajar sin que se les moleste o sin que se les agreda por su identidad de género – la situación es algo tensa. El tono de la entrevista está planteado antes de comenzar.
Centroamérica es una de las regiones más difíciles y peligrosas en la que una persona LGBTI pueda vivir. La violencia y las violaciones de derechos humanos hacia el colectivo LGBTI suceden a diario. Solo en Colombia, 109 personas han sido asesinadas en 2018 por su orientación sexual o identidad de género, según Colombia Diversa, y de forma general, las personas LGBTI se ven excluidas de sus familias, de la sociedad, del mercado laboral y del acceso a la salud.
— Alexander, llevas años investigando la realidad de las personas LGBTI en Colombia. Cuéntanos, por favor, cuál el contexto colombiano y cuál es la situación en la que vive la mayoría de las personas LGBTI de tu país.
— Colombia es un país que sigue constituyéndose bajo una perspectiva religiosa en sus discursos, con un fuerte arraigo patriarcal en muchas de sus prácticas cotidianas. Es un país que sigue siendo muy racializado. Es un país que sigue siendo clasista y es uno de los países más desiguales de América Latina. El vivir abiertamente LGBTI nos lleva a vivir en una periferia social. Hay expulsiones de la familia a tempranas edades y aparece una cadena de discriminaciones y de violencias que sistemáticamente llevan a la persona a unos espacios de extrema pobreza, de precariedad y de precarización de sus relaciones que, por supuesto, les pone en unas condiciones de mayor vulnerabilidad. También eso lleva a que muchos grupos armados o grupos bandas criminales utilicen esa vulnerabilidad e instrumentalicen sus cuerpos en acciones delictivas.
— ¿Qué perspectivas de vida y de futuro tiene una persona LGBTI en esas condiciones?
— El rebusque empieza a ser de alguna manera una condición de vida que se vive en el día a día. Eso genera una situación de no poder tener proyectos de futuro o sueños. Nosotrxs a veces en el trabajo de campo le preguntamos a las chicas Trans con qué sueñan. Muchas de ellas responden, y a mí eso me parecía muy triste y fuerte, que sueñan con poder regresar todas las noches vivas a su casa. Eso son sus sueños más inmediatos. No hay sueños a largo plazo porque se vive esperando a ver qué resulta. En muchos lugares del país las personas LGBTI viven esperando no tener que ser agredidas al salir a la calle porque hay muchos lugares donde a las personas LGBTI se les agrede en lo público.
— ¿Dentro del colectivo LGBTI, cuáles son las personas más vulnerables?
— Siguen siendo los hombres gays y las mujeres Trans las principales víctimas de homicidios en mi país. Esos crímenes responden a unos patrones similares, es decir que no son producto de una violencia social, sino que son la expresión clara de prejuicios sexuales: homicidios donde se recurre, todavía, al arma blanca, con objetos contundentes, con sevicia previa, tortura, extorsión y amenazas. Preocupa mucho la situación de las mujeres Trans en el espacio público, específicamente en los escenarios de trabajo sexual donde son absolutamente vulneradas y criminalizadas. El papel de las mujeres lesbianas y la violencia que sufren sigue estando muy oculto. Muchas veces es una violencia que se da en el ámbito privado. Parecería en el imaginario que las mujeres lesbianas no sufren violencia por su orientación sexual, pero lo que nosotrxs hemos encontrado desde Caribe Afirmativo es que es una violencia que no se denuncia y que el mismo estado a veces no le da la importancia que requiere porque no tiene, digamos, las rutas que posibiliten que las mujeres puedan acceder a estas denuncias.
— Pero al mismo tiempo Colombia es un país bastante progresista en la región al menos desde punto de vista de la jurisprudencia, ¿no es así?
— Digamos que la situación de los derechos de las personas LGBTI en Colombia es una situación muy compleja. Es bien interesante porque paradójicamente es un país que ha ganado muchísimo en sentencias de la corte y en un marco normativo de protección de derechos. Es decir, si uno mira la jurisprudencia colombiana, los marcos normativos de Colombia aludirían a un país de mucha avanzada. Pero ese marco normativo, que es muy importante, tiene una distancia enorme con prácticas sociales y culturales que siguen reproduciendo un estigma hacia las personas LGBTI. Tenemos una ley antidiscriminación en donde la discriminación específica de personas LGBTI es un delito sancionable. Ese no es el caso de otros países de la región donde el bullying callejero no es considerado un delito. También tenemos un reconocimiento supremamente importante a lo que es la familia, donde personas del mismo sexo no solamente son pareja, sino que son familias independientemente o no de que tengan hijos. Pero todos estos avances son producto de sentencias de la corte. Pueden llegar gobiernos de extrema derecha, como es el caso en el que hoy estamos, y son derechos conquistados que pueden verse tambaleando por presiones. Hay líderes activistas LGBTI que han sido amenazados, que sido hostigados, y algunos y algunas han sido asesinadas. Eso hoy es una de las grandes preocupaciones del movimiento LGBTI en Colombia.
— Colombia tiene una historia particular con decenas de conflictos armados. Estos conflictos han traído además un aumento significativo de la violencia hacia las personas LGBTI, en lo que en ocasiones se ha calificado como una «limpieza social», reportándose violaciones masivas de sus derechos humanos. ¿Podrías explicarnos esto con mayor profundidad?
— Tenemos una historia de un conflicto armado histórico que, para algunos historiadores, lleva más de 100 años, en donde ha habido una confrontación muy fuerte entre el estado y grupos fuera de la ley y donde la sociedad civil ha estado involucrada de manera reiterativa. Y esa sociedad civil, cuando tiene unas particularidades en el caso de la diversidad sexual y de género, obviamente empiezan a tener una carga adicional. Porque la diferencia está concebida como una amenaza al orden normativo. Es decir, el orden hegemónicamente heteronormativo hace que la diversidad sexual empiece a ser vista como una amenaza. Y eso ha llevado a que, en un país como Colombia, las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans hayan sido víctimas de manera particular y diferente de lo que ha sido el conflicto armado. En Colombia se ha asesinado a gente no sólo por estar en esos territorios, sino porque ha habido un prejuicio sexual que ha llevado a que estos grupos armados asesinen, amenacen y extorsionen a personas LGBTI. Simplemente por considerar que no daban buen ejemplo ante la sociedad y porque no enviaban un mensaje moralmente aceptable por lo que ellos plantean que es el orden establecido de la sociedad colombiana.
— ¿Y ahora con los acuerdos de paz?
— La gran preocupación es qué va a pasar con esos acuerdos de paz y qué va a pasar con esos acuerdos bajo nuestro nuevo gobierno de derecha. Es un gobierno que ha planteado unas claras diferencias frente a lo conquistado en los acuerdos de paz. Para nosotrxs es fundamental porque lo que hemos visto es que la firma del acuerdo de paz con las FARC no es un asunto instrumental solo con las FARC, es un asunto que empieza a vislumbrar la posibilidad de vivir en un país con mayores ejercicios de democracia, con mayor reconocimiento del otro en sus diversidades. Y eso se vio reflejado, después de los acuerdos de paz, en la disminución de homicidios a personas LGBT. Se vio reflejado en que muchas personas en sus municipios y en zonas apartadas del país decían «podemos empezar a caminar más tranquilos y más tranquilas en nuestros territorios». Yo creo que con la agenda de paz es fundamental velar por que el enfoque de género y la perspectiva de los LGBTI en esa implementación de la agenda no se borre por prejuicios y por el estigma social.
— ¿Mas allá de la problemática de la implementación de la agenda de paz, cuáles son las prioridades en la actualidad para el colectivo LGBTI en Colombia?
— Un punto fundamental y homogeneizante en la región, como ya decía antes, es la precariedad dentro del colectivo LGBTI: las condiciones laborales, el acceso a servicios básicos que ofrece el estado a personas LGBTI y el acceso a la educación de las personas Trans. Es muy difícil en un municipio del Caribe colombiano, por ejemplo, para una persona abiertamente LGBTI salir del trabajo informal. En un país donde se requiere el trabajo para poder sobrevivir ese rebusque empieza a ser de alguna manera una condición de vida, como decía antes. Creemos importante el trabajo con las familias también, porque indudablemente la familia, independientemente de las transformaciones que la sociedad haya tenido, ha seguido siendo un sistema que garantiza la protección de la persona. Cuando la familia es expulsora y violenta, eso va a repercutir en una cadena de violencias futuras para esa persona LGBTI.
— ¿Y cuál es el papel de la comunidad internacional y de la cooperación al desarrollo en todo eso?
— Yo creo que la comunidad internacional y la cooperación internacional tienen que tener una postura mucho más fuerte frente a la cantidad de homicidios a líderes sociales que se han producido en mi país y que el estado no quiere reconocer como parte de una persecución sistemática a líderes sociales que han venido denunciando o que han venido haciendo un ejercicio de derechos humanos en Colombia. Creo que la comunidad internacional en eso tiene que ser mucho más vehemente y exigirle al estado colombiano mayores garantías y mayores acciones para eso no se repita y que efectivamente asuma públicamente la responsabilidad de no haber garantizado la protección de los líderes sociales y específicamente de los líderes LGBTI. Creo que la comunidad internacional y las agencias de cooperación deberían trabajar para que los derechos conquistados no involucionen, que no volvamos atrás. Eso implica generar acciones de mayor empoderamiento y mayor movilización social y política. Se tiene también que incidir en agendas de decisión política en el país para tener mayor incidencia en políticas públicas. Mientras un país sea tan desigual en términos económicos y sociales es muy difícil. En esos casos, la asistencia social y humanitaria es un elemento fundamental a tener en cuenta.